La acusación popular quiere que todos los casos que se abran se unan en una ‘macrocausa’ sobre el Mar Menor.
La Federación de Vecinos de Cartagena y Comarca (Favcac) se ha personado como acusación popular en la causa abierta por presunta acción delictiva en la zona del Arco Sur, aunque su intención es que todas las causas que se espera vayan a ir abriéndose por el estado del Mar Menor puedan unirse en una sola, al entender que el origen de la contaminación de la laguna salada es muy diverso.
En este sentido, el letrado Antonio Casado, del despacho Casado Mena Abogados, que lleva el caso a petición de la organización vecinal, explicó que el objetivo es que “todas las causas que se vayan abriendo, se acumulen, se amplíe el objeto y estén todas en una gran causa”.
En la actualidad, en la causa sobre el Arco Sur, la Fiscalía Medioambiental entiende que pueden haberse cometido cuatro presunto delitos: contra la ordenación del territorio, contra el medio ambiente, contra el patrimonio histórico y por usurpación de aguas. Sin embargo, Casado opina que “creemos que hay alguno más, como son prevaricación por acción u omisión con dolo específico, y prevaricación medioambiental”.
Casado se mostró convencido de que “esto acaba de empezar” y se irán abriendo más acusas, como por ejemplo por vertidos en las ramblas de El Cañar y El Albujón, e insistió en que es necesario pedir medidas cautelares. Así, explicó que la Fiscalía propone el corte hidráulico del canal y su relleno, así como una fianza, “pero nosotros vamos más allá y queremos la prohibición o limitación de cultivos de regadío, que deberán cumplir con los requisitos medioambientales”.
No obstante, Casado recalcó que “echar a los agricultores la culpa de todo es injusto, porque hay muchas más causas que explican el estado del Mar Menor”, entre las que citó la navegación a motor, la gasolinera del puerto Tomás Maestre, el dragado de la gola, la estructura de Puerto Mayor, los puertos deportivos, la pesca furtiva, el aeropuerto de San Javier e incluso la patrulla ‘Águila’. Aunque todas ellas las resumió en una: “las administraciones han relajado su obligación ‘in vigilando'”.