Con motivo de la vuelta al colegio de los más pequeños algunos establecimientos, conocedores de la gran cantidad de material, libros y ropa, entre otros, que los padres adquirimos para el inicio del curso escolar de nuestros hijos, ofrecen diversos tipos de promociones para incentivar que los consumidores adquieran todos ellos en su establecimiento y no en otro.

Una de esas promociones, es la de los corticoles. La promoción, para aquellos que no la conozcan, consiste en bonificar las compras que se hagan en un determinado establecimiento – de libros, material escolar, uniformes, ropa-, mediante la entrega de una tarjeta por el importe del 10% de los productos adquiridos, para utilizar en compras posteriores de determinados productos.

Sin embargo, a pesar de ser una oferta jugosa a simple vista para los compradores, lo cierto y verdad es que al menos mi experiencia ha sido desagradable y como consumidora y jurista no quería dejar pasar la ocasión para pronunciarme, con motivos fundados, sobre el por qué de dicha manifestación.

En mi caso concreto, adquirí una serie de ropa para mis hijos. Con motivo de dicha compra, la dependienta me hizo entrega de una tarjeta de corticoles que ascendía al 10% de la misma, sin explicarme nada más.

La sorpresa vino con la política de devolución de la ropa adquirida bajo dicha promoción. Resulta, tal y como me explico la dependienta – no sin antes mirarme como si fuera una sinvergüenza-, que si se va a realizar a algún cambio o devolución es preceptivo llevar la tarjeta de corticoles – extraviada en mi caso-, ya que si no se dispone de la misma, el importe a devolver es de un 10% menos de lo abonado. En mi opinión, como ya le adelanté a la citada empleada, esa política era engañosa y abusiva, y digo lo anterior por lo siguiente:

• Porque en caso de devolución, lo que procede tal y como establece nuestro Código Civil, es la restitución de las prestaciones. Esto es, yo hago entrega del producto adquirido y ellos me reintegran la totalidad de lo abonado – y no una cantidad inferior-.

• Porque la Ley General de Consumidores y Usuarios establece que la política de devolución y cambios debe estar expresamente contenida en el ticket que se entrega al comprador. En esta ocasión, tras analizar lo dispuesto en el mismo, sólo se dice que hay 60 días para cualquier cambio o devolución, y que se realizará en el mismo formato de pago que el realizado con la compra. Es decir, en ningún sitio consta que se reintegrará un importe inferior, nada menos que del 10%, en caso de que no se haga entrega de la tarjeta de corticoles.

• Porque la propia página web del establecimiento, al publicitar la promoción, nada dice sobre lo comentado, limitándose a decir que se bonificaran en una tarjeta el 10% de las compras realizadas.

• Porque además con dicha política, se le impone al consumidor la carga de probar si se ha gastado los corticoles, o qué ha pasado con la tarjeta. Así, bien podrían vincular la tarjeta de los corticoles con el ticket de compra, por ejemplo, para poder acceder y ver si se han gastado los mismos o no. Sin embargo, la obligación que se impone al comprador, que además de guardar el ticket tiene que tener guardada la tarjeta de los corticoles, me parece que no se corresponde con el sentido que tiene la ley de consumidores, siempre garantista y proteccionista con la parte débil de la relación, esto es, el consumidor o usuario.

 A mayor abundamiento, por si fuera poco, resulta que posteriormente me informan que para gastar los corticoles –esos que “gratuitamente te dan” pero que te descuentan de tu compra si no dispones de la tarjeta-, se requiere una nueva compra por importe mínimo de 30 €. Esta circunstancia, tampoco la dicen las empleadas al tratar con ellas, si bien sí que tengo que decir que parece ser que consta en la tarjeta.

En resumen, que como bien dice nuestro famoso refrán, nadie da duros a pesetas, por lo que les recomiendo tal y como haré yo en lo sucesivo, estar muy atentos a esa letra pequeña – inexistente en este caso-, y defender, como siempre deberíamos, nuestros derechos como pequeños consumidores que somos.

Sara Llorca Defior (abogada mercantilista)