Como abogado que soy, dedicado en cuerpo y alma al derecho penal, he conocido directamente todos los asuntos de tráficos de drogas que ha habido en la ciudad de Cartagena durante este verano 2015. Todos ellos tienen puntos conexos entre sí: mismas irregularidades, mismos fallos, mismos aciertos. Y, aunque este no sea el lugar apropiado para exponerlos, sí quiero anunciar un hecho mal hecho al que no hay derecho y que nosotros, como ciudadanos enamorados de un derecho garantista que somos, debemos conocer.
Como sabrán, ya es práctica habitual que cuando salta a la palestra un asunto penal de considerable relevancia, la vía pública se llene de agentes del cuerpo nacional de policía y al mismo tiempo aparezca un ejército de periodistas para cubrir la noticia. Seguramente esto nos parezca normal, de hecho es normal en esta España corrompida hasta la corona, pero el hecho de serlo, no lo convierte necesariamente en bueno, ni en apropiado, ni en justo, ya que tras ello suelen esconderse vulneraciones de derechos fundamentales o gestarse delitos como el de revelación de secretos, acuérdense sino del Caso Faisán.
No parece sensato, ni tampoco de recibo, que los medios de comunicación acudan a cubrir la noticia y en cambio no sea llamado ni un solo abogado ejerciente para que vele por los intereses de los detenidos, a fin de que quede perfectamente garantizada la asistencia letrada en las diligencias policiales, tal y como exige el artículo 17.3 de la Carta Magna, máxime cuando se espera que se practiquen multitud de diligencias de entrada y registro en los domicilios constitucionalmente protegidos o en aquellos otros lugares que no disponen de tal condición protectora y en los que la Ley Rituaria no exige la presencia de secretario judicial o del juez instructor.
No cabe duda de que la asistencia letrada a los detenidos en un derecho muy superior al derecho a la información de los ciudadanos, por eso debe ser el jurista y no el periodista el que debe estar junto a la policía defendiendo a su cliente desde el minuto uno o a lo sumo desde la hora segunda. De no ser así, y en España no lo es, se genera sobrevenidamente indefensión, puesto que la policía podría manipular las pruebas y el detenido no tendría manera alguna de contradecirlo.
Así que visto lo visto, debí ser abogado y periodista, y no abogado y economista. Si eres periodista, te enteras de las operaciones policiales antes que se desarrollen e incluso te da tiempo a personarte en el lugar de los hechos y disparar unas fotitos para tu diario; en cambio, si eres abogado, sólo te queda acudir a la comisaría cuando ya todo ha terminado.
