Dos eran las vías jurisdiccionales por las que se podía tramitar la reclamación de la indemnización por lesiones en accidente de tráfico hasta el pasado 1 de julio: la penal y la civil. Cada una de ellas tenía sus particularidades, con ventajas e inconvenientes que obligaban al abogado a estudiar bien cada caso concreto para elegir la mejor opción.

Sin duda, la jurisdicción penal tenía la ventaja de ser gratuita; así, podíamos interponer la correspondiente denuncia por falta de lesiones imprudentes sin prácticamente costes de ningún tipo. Además, tampoco corríamos el peligro de ser condenados en costas en caso de sentencia desestimatoria. Por otro lado, el médico forense del Juzgado reconocía a los lesionados sin coste alguno para los mismos. Y a todo ello había que sumar la relativa rapidez con la que se sustanciaba todo el proceso.

Desde el 1 de julio el panorama procesal ha cambiado radicalmente, en el sentido de que los accidentes que se produzcan desde esa fecha ya no podrán tramitarse conforme al procedimiento antes expuesto tras la despenalización de la falta de lesiones imprudentes.
La situación ahora es, por tanto, más sencilla desde el punto de vista procesal, puesto, en caso de desacuerdo con la aseguradora, sólo nos cabe interponer demanda en reclamación de la pertinente indemnización, es decir, únicamente podremos hacer uso de la vía civil, que se sustanciará por los trámites del juicio verbal u ordinario, dependiendo de la cuantía del procedimiento, representada ésta por el importe de la reclamación.

Sin embargo, ésta nueva configuración del trámite de reclamación en accidentes de tráfico ha generado una cierta incertidumbre en los distintos sectores afectados, puesto que la vía civil lleva implícita la necesidad de aportar a la demanda determinados informes, principalmente el de valoración médica, además de ser asistido por abogado y procurador, en algunos casos. En algunos sectores empieza a surgir la pregunta de si estos gastos ineludibles supondrán un obstáculo para que la ciudadanía acuda a los tribunales de justicia en defensa de sus derechos.

Al igual que sucedió con las tasas judiciales, vuelve a abrirse el debate de la “gratuidad de la justicia” y de si es admisible que los ciudadanos que quieren hacer uso de la nuestros Tribunales tengan que disponer de una mínima capacidad económica para acceder a la Justicia.

La lucha incansable de distintos sectores profesionales, entre ellos el de abogados, ha permitido que las tan criticadas tasas terminaran por desaparecer.
La nueva situación en materia de accidentes de tráfico habrá de ser valorada en unos meses. En Casado Mena Abogados, como hasta ahora, pondremos todo nuestro empeño en que los derechos de los lesionados de tráfico se vean siempre defendidos, por encima de cualquier dificultad procesal o económica que pueda surgir en el camino.