Directivos del instituto murciano Ingeniero de la Cierva, donde estudió Lucía Alcaraz, la niña de 13 años que se suicidó el 10 de enero, niegan que la abandonaran ante el acoso de dos compañeros; acusan a sus padres de mentir y ofrecen razones tales como que la chica pertenecía a una tribu urbana “cuya filosofía es la melancolía y la tristeza”. La policía afirma que el colegio descartó el bullying “sin tener apenas información” y concluye que Lucía fue víctima presuntamente de un delito contra la integridad moral.

Lucía era una alumna brillante en lo académico, pero al final del curso se presentaba en el instituto con el pelo pintado de verde. El que se identificó como su padre no lo era realmente; además, su madre tuvo un bebé y ya sabemos lo que son los celos entre hermanos”. Las afirmaciones espontáneas del director del IES Ingeniero de la Cierva, de Patiño (Murcia), sorprendieron tanto a los policías encargados de investigar el caso de Lucía Alcaraz, la niña de 13 años que sufrió acoso escolar y que se suicidó el 10 de enero, que, aunque ya había concluido su declaración, decidieron reflejarlas por escrito e incorporarlas a su atestado. Sobre todo, según consta en el sumario, al que ha accedido interviú, porque no era la primera vez que el equipo directivo del centro mencionaba a los agentes “cuestiones que nada tienen que ver con la situación de acoso escolar que se investiga y sí con la situación familiar de Lucía”, cuya madre, por cierto, no ha tenido más hijos que ella. 

“Llama la atención que son muy parecidas, casi idénticas, a las efectuadas por la jefa de estudios (…), quien pone en duda la paternidad del padre de Lucía, no entendiéndose muy bien por parte de esta instrucción cual era la verdadera intención de los comentarios al no ser relevante para los hechos”, añade la policía en su informe. Los investigadores puntualizan que la madre de Lucía, Peligros Menárguez, y su padre adoptivo, Joaquín García, “se encuentran casados desde 2010, lo que hubiera resultado fácil de saber a la jefa de estudios si lo hubiera preguntado directamente o lo hubiera comprobado en la documentación de la matrícula de la menor”. 

Lucía se ahorcó en su casa de Aljucer (Murcia) el 10 de enero. En su escritorio dejó varios cuadernos y un cómic, donde plasmó el acoso al que la sometieron dos compañeros de clase durante meses (ver interviú número 2.129). Los padres habían comunicado esa situación a la jefa de estudios y a la orientadora del instituto en abril de 2015. En aquella ocasión, el centro expulsó a los dos acosadores unos días, pero descartó el bullying. De hecho el instituto esgrime en su defensa que realizó un test de acoso en la clase de Lucía y ella lo superó.

“Graves contradicciones”

Tras más de un mes de averiguaciones, la policía ha concluido que Lucía fue víctima presuntamente de un delito contra la integridad moral durante el curso pasado y que el centro descartó el acoso “sin tener apenas información”. Además, señala numerosas irregularidades por parte del instituto al abordar el caso y enumera los fallos que cometieron al activar el protocolo.  

“Existen graves contradicciones entre las manifestaciones efectuadas por la orientadora y la jefa de estudios del IES Ingeniero de la Cierva y el resto de declarantes, sobre todo en lo relacionado a la documentación que ambas manejaron y a las entrevistas que manifestaron haber realizado”, asegura la policía.

Según consta en el sumario, el instituto no tuvo en cuenta la información facilitada por los padres de Lucía para realizar sus informes, ni se incluyó en su expediente una carta en la que la niña expresaba su deseo de suicidarse y que la madre comunicó al centro. Además, en algunos documentos aportados por el instituto “no consta ni la fecha” en la que se redactaron. La policía llega a afirmar en sus conclusiones que tiene “serias dudas” sobre cuándo se confeccionaron algunos informes, de los que el centro solo entregó a los agentes fotocopias, en la mayoría de los casos. 

La jefa de estudios declaró a la policía que hizo un seguimiento a Lucía después de que sus padres informaran del acoso, preguntando en su entorno y hablando “diariamente” con la niña. Según el sumario, “en ningún caso alumnos del centro, amigos y compañeros de la fallecida manifiestan que se pusieran en contacto con ellos para recabar esa información”. Tampoco hay rastro de esas conversaciones en la agenda de la docente, “donde ella asegura que realizaba anotaciones” sobre la información que iba recopilando, según pone de manifiesto la policía. Los investigadores critican que la docente solo les entregó fotocopias de esa agenda argumentando que se trataba de un material “personal”.

La policía subraya también que la jefa de estudios no redactó informe alguno sobre sus conclusiones. Un dosier que, de acuerdo con el protocolo establecido por la Consejería de Educación de Murcia, estaba obligada a remitir al director del centro en “un tiempo máximo de cinco días” a partir de la denuncia de los padres de la menor. 

Según su declaración, avisó “verbalmente” de sus conclusiones a su superior, pero, por lo demás, asegura que siguió el protocolo: “Tras confeccionarlo, dio como resultado que el asunto no era relevante (…) porque los niños no solo se metían con Lucía, sino también con otros menores (…), por lo que no se remitió a la Fiscalía de Menores”

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