Por enésima vez en esta democracia, nos encontramos con que el legislador hace caso omiso del mandato constitucional del 78, quebrantando los derechos fundamentales recogidos en éste, sin que la sociedad civil se lance a la calle entre estallidos de odio y explosiones de cólera. En esta ocasión, la banqueta popular, la conversa formación comunista, debido al elevado nivel impositivo, por encima del que tenía IU en su programa, y además tal y como se pudo observar durante el debate sobre el estado de la Nación, en el cual D. Mariano Rajoy Brey presumía de ser de izquierdas, todo sea dicho, ha aprobado una enmienda escondida entre otras 57, consistente en declarar la guerra al autoconsumo de energías renovables y permitir al personal habilitado por la administración, acceder a cualquier local, instalación, terreno, medio de trasporte e incluso adentrarse en domicilios de particulares en busca de paneles fotovoltaicos, sin que ello suponga un delito de allanamiento de morada.

La inviolabilidad del domicilio que desde siempre ha estado vinculada al derecho a la propiedad privada y a la intimidad de las personas, hasta ahora solamente podía ser relativizada mediante previa autorización judicial o en casos de delito flagrante o en supuestos de estados de necesidad tales como catástrofe o ruina inminente. Lo novedoso y lo que aquí denunciamos, es que se ha vulnerado este derecho sagrado, al producirse una quiebra sin precedentes del mismo, al consentir que sea legal la entrada y el registro domiciliario por el mero hecho de existir sospechas de que dichos panales se encuentren instalados en una vivienda.

Seguramente, después de quince años de programas televisivos como “Gran Hermano”, donde en rigor no puede darse la inviolabilidad del domicilio, ni sus derivados derechos como son: el derecho al honor, el derecho a la propia imagen y el derecho a la intimidad; el legislador no considere tan grave adentrase en una vivienda ajena contra la voluntad del morador, si bien los que tenemos ciertos principios morales, lo entendemos como una ofensa a nuestra honorabilidad y por eso nos atrevemos a negarles la mayor y a decirles que ustedes no son dignos de entrar en nuestras casas.

Lo más preocupante de todo lo antedicho es el precedente que crea esta medida anticonstitucional y desproporcionada, al obligar a los ciudadanos a tener que dejar pasar a los inspectores a nuestras viviendas, cuando el único mal –por así llamarlo– ha sido usar la energía que nos proporciona el sol, demostrando así un denotado afán recaudatorio de la Administración; al igual que sucedía en el Reino Unido del siglo XVIII, tal y como nos relataba el padre del liberalismo económico, D. Adam Smith, en su obra maestra “La riqueza de las naciones”, donde las velas (junto con otros artículos) se encarecieron considerablemente, debido principalmente a los impuestos con las que fueron grabadas, lo que condujo a un mayor empobrecimiento de la población. Hoy ya no tenemos velas ni tampoco candiles, pero el estado sigue empecinado en cobrarnos vía impuestos sobre el consumo energético. ¡Ya está bien!